Por la “pacificación” político-social


A un mes de las elecciones municipales y regionales, estalló un conflicto político-social en La Convención, Cusco. A la izquierda radical le gusta, porque “agudiza las contradicciones” y pone en jaque la democracia y el imperio de la ley.
 
Un “comité central de lucha” movilizó ciudadanos durante catorce días en un “paro indefinido”, bloqueando las carreteras de acceso (¡delito!), protestando contra la concesión del Gaseoducto Sur Peruano. Azuzados por locutores de radio incendiarios, los manifestantes quieren que la petrolera estatal PETROPERU instale una planta de fraccionamiento GLP (prometida en 2010 por el gobierno de Alan García e insistida en 2012, a pesar que es poco rentable) y la construcción de una central termoeléctrica por la estatal ELECTROPERU, prometida en 2012. Hubo cuatro muertos en enfrentamientos con la Policía Nacional destacada para permitir el libre tránsito y restablecer el orden público.
 
Este comité persigue fines político-electorales, porque hay varios integrantes que son candidatos a alcaldías, regidurías y consejerías regionales y quieren ganar votos. Desde Ica el Presidente de la República respondía enérgico condenando a estos revoltosos, pero en Lima la Presidenta del Consejo de Ministros cedía al griterío de la izquierda radical y enviaba una "comisión de alto nivel" a la zona para entablar el diálogo con los agitadores.
 
¿Cómo acabar con el guión chantajista de esta burda telenovela populista?. Con fuerte voluntad política y una respuesta diferente:
a)      No desesperarse por el bloqueo de vías terrestres. Advertir reiteradamente a través de los medios de comunicación que NO se dialogara con “delincuentes” (¡sí, delincuentes!) que obstruyan el libre tránsito o atenten contra propiedad pública o privada y NO ceder por nada. Recordar que la mayoría silenciosa de peruanos y peruanas quiere orden.
b)      Enviar a la Policía Nacional para restituir el libre tránsito, sin buscar enfrentamiento directo con los manifestantes para que la izquierda radical no tenga pretexto para pregonar que se “criminaliza la protesta”. Señalar a través de los medios de comunicación que los policías sólo buscan el normal paso de personas y mercancías por la zona.
c)      No recurrir a intermediación parlamentaria ni ceder a la presión mediática. Ridículo que la congresista Verónica Mendoza (guapa psicóloga “afrancesada” con ideas retardatariamente izquierdosas), promotora de conflictos político-sociales, fuera buscada como interlocutora válida por periodistas.
d)      Una vez que los sediciosos cedan (¡sí, ceden!) a desbloquear las vías terrestres y rechazar públicamente actos violentos cometidos por ciertos energúmenos, no ir corriendo a instalar “mesas de diálogo”. Que formen una delegación y ellos viajen a Lima u otro lugar neutral para dialogar con ministros o viceministros.
 
Si se siguiesen estas humildes recomendaciones (si alguien las enriquece, excelente), los conflictos político-sociales que gustan a gente como Mendoza bajarían drásticamente y caerían todas las bobas teorías sociológicas que las sustentan.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Noviembre 1992 / noviembre 2020

Artículos COVID-19 (2020)

Artículos anteriores