¿Qué
intenciones tenía el fujimorismo como movimiento político hacia el sistema de
administración de justicia en el Perú durante los últimos años?.
Primero, un
análisis en retrospectiva. La historia de la justicia en el Perú es una
constante de fiscales y jueces sometidos a interferencias políticas, fines
particulares y presiones sectoriales, excepto en aquellas épocas cuando la
justicia estuvo controlada políticamente desde el poder de turno. Un ejemplo fue
la década de 1970 cuando la dictadura del general Juan Velasco Alvarado instaló
el (funesto) Consejo Nacional de Justicia.
En la
década de 1980, durante la democracia fundada en la Constitución de 1979, la
hegemonía partidocrática del APRA, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular
y la Izquierda Unida se contentó con dejar funcionar autónomamente al
Ministerio Público, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura,
el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Jurado Nacional de Elecciones y
el Fuero Militar mientras fueran “funcionales” a los intereses que
representaban. Ese esquema de precariedad institucional terminó tras el golpe
de estado del 05 de abril de 1992. La dictadura de Alberto Fujimori recurrió a
la creación de “comisiones reorganizadoras” y el “descabezamiento
institucional” para controlar políticamente la justicia.
Retornada
la democracia en 2001, hubo un (tibio) intento para que el Ministerio Público,
el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal
Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones y el Fuero Militar-Policial
funcionaran aceptablemente. Pronto el ímpetu reformista de la Transición amainó
y se volvió a un esquema similar a la década de 1980. Ahora la corrupción como
elemento central.
Algo cambió
en 2016. El fujimorismo obtuvo mayoría absoluta en el Congreso. Su lideresa,
doña Keiko F., ex congresista e hija del ex dictador, casi ganó la elección
presidencial y alega que le “robaron el triunfo”. Decidida a vengar la derrota,
“borrar” cuentas pendientes del pasado y despejar el camino para su victoria
definitiva en 2021, (según revelaron los llamados “audios de la vergüenza” y
subsiguientes investigaciones periodísticas) Doña Keiko y sus huestes
decidieron “cargarse” el Consejo Nacional de la Magistratura para controlar
políticamente la justicia. La entidad que selecciona, ratifica, sanciona y
destituye fiscales y jueces y también nombra o remueve a los jefes de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil se hubiese “fujimorizado”. Iban camino de
lograrlo.
Tras
estallar el escándalo por la red de corrupción liderada por el ex vocal supremo
César Hinostroza, fueron el Presidente de la República y su Gobierno quienes sí
se “cargaron” el Consejo Nacional de la Magistratura. Mediante reforma a la
Constitución de 1993 votada en el Congreso y aprobada en referéndum el año
pasado se creó la Junta Nacional de Justicia, cuyas exigencias de conformación
son tan maximalistas, que está resultando difícil escoger sus integrantes.
Mientras tanto, un fujimorismo torpe intenta “salvar” a sus agentes de la
estrategia fallida para “controlar los daños”. Por eso el “blindaje” al fiscal
supremo Pedro Chavarry.
Por
desgracia, el fujimorismo perdió la oportunidad dorada para contribuir a crear un
sistema de administración de justicia predecible, eficaz y confiable en el
Perú. Al final, quedó desnudo en sus miedos (¡“los caviares”!) y ruindades.
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