La demagogia no cesa.
En un evento público, en el
distrito limeño de Los Olivos, el domingo 08 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, ese “aventurero” llegado a la Presidencia de la República mediante la
sucesión constitucional de 2018 dijo públicamente que ante los numerosos casos
de violación sexual a menores de edad y feminicidio denunciados por el
periodismo el Congreso debía evaluar la posibilidad de restablecer la pena de
muerte. No aseguró ni negó que vaya a enviar al nuevo Congreso una iniciativa
al respecto.
Lo que nos faltaba. El “aventurero”
no habla de la reconstrucción de zonas devastadas por desastres naturales (¿la
reconstrucción tras el fenómeno de El Niño de 2017?), no habla del dengue en la
Amazonía ni ha vuelto a hablar de la epidemia COVID-19. Menos de su “versátil”
secretaría general presidencial (la única mujer en el Perú “empoderada” por
este Gobierno) ni su desprestigiado gabinete ministerial. No, habla de la pena
de muerte.
Enrique Bernales, ex senador y
jurista, ya fallecido, dijo en 2018 que el “aventurero” no entiende la
Constitución de 1993 ni nada de Derecho Constitucional. A su ignorancia se suma
el narcisismo del desesperado por tener la popularidad “al alza”. Se aprovecha
de la ignorancia de quienes creen que la realidad se cambia “mágicamente” con
leyes.
Ya he escrito sobre la pena de
muerte en el Perú antes: es “impracticable” a corto plazo. Si queremos en serio
el restablecimiento, primero el Perú debe denunciar la Convención Americana de
Derechos Humanos de 1969, con todas las consecuencias que nos traería. El Perú
ratificó el tratado desde la Constitución de 1979. Con un año previo de aviso,
la salida tardaría dos o tres años. Después el Congreso debiera votar la
reforma constitucional para ampliar la pena de muerte, porque actualmente se
permite sólo por traición a la patria en guerra externa y (no está regulada, es
“inválida”) por terrorismo. Con o sin referéndum, tardaría un año.
Posteriormente, vendría la reforma a los códigos penal y de ejecución penal de
1991. No debiera pasar de un año de debate en el Congreso. Ajustando plazos, sumamos
cuatro años.
A su vez, el imputado bajo la nueva
legislación seguiría los mismos procedimientos en el Ministerio Público y el
Poder Judicial: investigación preliminar, acusación fiscal, investigación
preparatoria, juicio oral, sentencia de primera instancia, recurso de apelación
o nulidad, sentencia de segunda instancia. Si hubo vicios procesales, el caso puede
acabar en el Tribunal Constitucional. ¿Cuánto tiempo puede demorar para que
veamos al primer condenado a una ejecución (¿cuál sería el método de matar?,
por cierto) y satisfacer nuestra “sed de venganza”?. Tres o cuatro años,
mínimo. En total, suman siete u ocho años. ¿Qué nos propondría el “aventurero”
mientras tanto?. Absolutamente, nada.
Odio a los políticos (periodistas
también) que nos consideran “idiotas”. El “aventurero” empieza a pasarse de
canalla, porque con su demagogia sobre la pena de muerte se burla de nuestra
inteligencia y desprecia nuestra ciudadanía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario