Congreso y 200 años

 

20 de septiembre de 1822: una fecha que hasta 1920 era motivo de conmemoración nacional.

Ese día el general rioplatense José de San Martín, quien ejercía el Protectorado, renunció y entregó todo el poder al Congreso General Constituyente, que redactaría una Constitución. Ese día comenzó la historia parlamentaria del Perú: una sucesión de acontecimientos, donde ha habido honorabilidad y vergüenza, continuidad e interrupciones, constitucionalidad y arbitrariedad. Una historia bastante ignorada e infravalorada.

Tras la elección parlamentaria de 2020, un medio de comunicación (no recuerdo cuál) pidió opiniones a congresistas electos y uno de ellos fue Guillermo Aliaga. Cuando el entrevistador le preguntó si había algún parlamentario de nuestra historia (senador, diputado o congresista) digno de destacar, Aliaga contestó “Ninguno”. Por desgracia, la gran mayoría de peruanos y peruanas en la actualidad piensa igual. Hemos tenido parlamentarios destacables por sus convicciones, su elocuencia, su sapiencia o su decencia, pero no existen en la imagen del Congreso desde el retorno a la democracia en 2001, cada vez peor, y la majestad parlamentaria que existió en tiempos lejanos desapareció.

La cultura política peruana es “anti-parlamentaria”. Mucha gente cree que el Presidente de la República es “todopoderoso” y no necesita del Congreso para gobernar. No debiera sorprender por largos y largos años de dictaduras y “cierres del Congreso”. Cuando en la cédula de sufragio debe marcar el recuadro de la lista parlamentaria, la gente marca el mismo símbolo que para la lista presidencial y acaba votando por candidatos al Congreso, que -muchas veces- ni conoce. Sólo una minoría concientizada cruza su voto (distinto símbolo para la lista presidencial y parlamentaria) o escribe el número del candidato o la candidata en la casilla preferencial. Después todos ellos no tendrán escrúpulos en quejarse del Congreso.

Varias razones explican este fenómeno de desprestigio: la mala estructura y la deficiente organización del Congreso bajo el diseño de la Constitución de 1993, la precariedad -y posterior implosión- del sistema de partidos políticos desde 2001, el mundo moderno más “anti-político”, etc. Más allá de quienes (temporalmente) lo integren, el Congreso es necesario para legislar, fiscalizar gasto público y controlar políticamente, por lo que su funcionamiento debe ser ininterrumpido. Quienes desde el 30 de septiembre de 2019 creen que es fácil “cerrar el Congreso” (como la izquierda radical y los escasos adictos al “hombre sin sombrero” que hoy ocupa la Presidencia de la República), no son ni nunca serán demócratas, porque no les importa “cargarse” la voluntad popular libremente expresada en las ánforas cuando ésta no les gusta o les fue favorable.

Quienes conforman el Congreso, al margen de ideologías o tendencias políticas, deben procurar una conducta moralmente intachable (al menos, intentarlo) y una mayor representatividad de la ciudadanía en su accionar parlamentario. Creo así podrá volver algo de la confianza perdida en el Congreso.