Resumen veraniego

Me encantan los resúmenes noticiosos y acá un breve recuento comentado de acontecimientos empezando febrero.

El 26 de enero, día de la elección al Congreso, el diario Expreso publicó una entrevista al periodista Humberto “Beto” Ortiz, opositor al Gobierno nacional presidido por ese “aventurero” llegado a la Presidencia de la República mediante la sucesión constitucional de 2018, que “estiró” como plastilina la Constitución de 1993 para forzar la disolución de la Cámara.

A pesar de antipatías personales, Ortiz está diciendo lo que casi nadie en la opinión pública dice: este Gobierno es “inepto” e “incapaz”, el “aventurero” está cada vez más enamorado del poder y el gremio periodístico está “echado a sus brazos”, tiene “aliados” en el Ministerio Público y el Poder Judicial, etc. Tres días después, dos fiscales y cuarenta efectivos de la Policía Nacional allanaron en el Callao la vivienda de la jefa de política de Expreso, so pretexto de incautar el video de una cámara de vigilancia externa para revelar la identidad de dos asaltantes. Tan unánime fue el rechazo a esta acción que hasta el “aventurero” lo criticó dejando “mal parado” a su (mentiroso) Ministro del Interior. Hasta para “intimidar” este Gobierno es mediocre.

Sin embargo, el “aventurero” premia generosamente a sus incondicionales: nombró como primer Procurador General del Estado (la procuraduría general fue creada en 2017) a un abogado y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo principal mérito fue haberse paseado por televisoras privadas y dado entrevistas a agencias de noticias extranjeras defendiendo a la “polémica” disolución de la Cámara el 30 de septiembre pasado.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia resolvió en última instancia el caso “Curva del Diablo” durante los sucesos de Bagua en 2009. 53 indígenas procesados fueron absueltos y nadie sería responsable penal por la muerte de 23 policías, 10 indígenas y un desaparecido cuando la Policía Nacional intentaba liberar la carretera Fernando Belaunde bloqueada por manifestantes indígenas. Incluso los vocales supremos fueron más allá y dictaminaron una aberración jurídica: el derecho a la defensa del territorio (¿?) era más importante que la libertad de tránsito. ¿Quién estuvo detrás?. El poderoso Instituto de Defensa Legal, cada vez más siniestro y antipátrida.

Por último, a la espera de la apelación por la resolución del juez contra la Municipalidad Metropolitana de Lima que determinó el cese del cobro de peaje de la concesionaria vial Línea Amarilla a la entrada de una avenida en La Molina y el retiro de las garitas, es grosera la evidente “presión” del Alcalde de La Molina al Poder Judicial para que falle como él quiere. Demostrando que hay “interés político”, criticó la existencia misma de los peajes de las concesiones viales en Lima. Este “chulo” expoliador (ha disparado el cobro de arbitrios en su municipio) “va con todo” contra el Alcalde de Lima, un “chulo” sonsonazo, cuyo entorno tiene cuestionamientos éticos, pero a quien espera suceder en 2023.

Disfruten el verano.